El Gobierno quitará poder a patronal y sindicatos en formación y se lo dará a las empresas privadas

El Gobierno quitará poder a patronal y sindicatos en formación y se lo dará a las empresas privadasEl primer documento sobre las intenciones de Empleo para reformar la
Formación Profesional para el Empleo busca también aumentar el control
que ejerce el Gobierno y aumentar la supervisión

El anunciado (y demorado) proceso para reformular el modelo de la
Formación Profesional para el Empleo en España ha empezado ya en serio:
el Gobierno ha hecho llegar un primer documento (al que ha tenido acceso
esta emisora) a los agentes sociales, y en él detalla sus intenciones. Y
estas pasan básicamente por crear un sistema que dé más poder a la
Administración Central en la planificación, diseño y control del
sistema, a la vez que incorpora aportaciones de las Comunidades
Autónomas y da mucho más protagonismo en la impartición de los cursos
a las empresas privadas de formación, y las incorpora al diseño del
sistema.
Todo, a expensas del poder que patronales y sindicatos
tienen: su papel se reduciría a participar en el diseño, perdiendo el
rol en la gestión y ejecución de los cursos.

Gobierno y agentes
sociales llevan hablando desde marzo del pasado año de darle una vuelta
al modelo de Formación Profesional para el Empleo (el que busca formar y
mantener la cualificación de los trabajadores, tanto ocupados como
desempleados), una tarea que ha cobrado más relevancia con la
proliferación de informaciones sobre presuntos escándalos que han
afectado a la gestión de los recursos de formación por parte de
empresas, patronales y sindicatos. Pero ha sido hace apenas dos días cuando ha llegado la primera propuesta por escrito del Gobierno
a los agentes sociales, con el título “Avanzando hacia un nuevo modelo
de formación “, que pone por escrito lo que el Ejecutivo ya había
anticipado que quería hacer: más papel de la empresa privada en la
impartición de los cursos y menos de patronales y sindicatos.

El
documento dice que el modelo actualmente vigente “ha facilitado la
mejora de la empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores[…] en los últimos 20 años”, pero asegura a la vez, de forma un tanto
contradictoria, que “ha sido claramente ineficiente, pues la mayor
inversión no se ha visto reflejada en una mejora de los niveles de cualificación de
nuestra población trabajadora”. Entre las materias en las que el
Gobierno cree que hay que mejorar destaca la “deficiente coordinación”
entre los distintos participantes en el sistema, “la falta de una
planificación estratégica” y la necesidad de reforzar “los sistemas de
información, seguimiento y control […] con el fin de evitar malas
prácticas”. Para ello, el texto propone una serie de iniciativas,
todavía algo vagas, puesto que se trata del primer documento en un
proceso de negociación que se abre ahora.

Ganan Gobierno y empresas privadas, pierden sindicatos y patronales

Si
una idea preside el documento, de 30 páginas, es la de “el refuerzo del
liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado”. Para
ello, propone una “redefinición del papel de los agentes en el sistema”
en el que el Ministerio de Empleo -vía Servicio Público de Empleo
Estatal- vería “reforzado su liderazgo […] y su capacidad de
coordinación en la planificación y evaluación del sistema, su
seguimiento y control”. A las Comunidades Autónomas se les daría más
papel del que gozan ahora “en los mecanismos de coordinación e
información del sistema, así como en su programación, seguimiento y
control”, y dándoles un papel en la Fundación Tripartita, que tiene un
papel clave en la gestión del sistema y que agrupa (hasta ahora) a
Gobierno y agentes sociales.

Pero quienes más ganarían serían las
empresas que se dedican a la formación, porque su nuevo papel sería “no
ya como meros proveedores de formación, sino como co-responsables en la
planificación y diseño de las iniciativas”; además, se les daría
presencia en el principal órgano consultivo del sistema, el Consejo
General del Sistema Nacional de Empleo. Además, el Gobierno quiere que
estas empresas sean las protagonistas en la impartición de los cursos,
en detrimento del papel que ahora tienen patronales y sindicatos: hay
que “impulsar la participación directa” de estas empresas de formación,
dice el texto, y añade que “es necesario abandonar un modelo” en que
sindicatos y patronales actúan como “ejecutores de la formación y
perceptores de fondos”
, porque esto “no resulta compatible con un sistema de formación competitivo”.

Con el nuevo esquema que propone el Gobierno, a patronales y sindicatos les queda únicamente participar en la “planificación, programación y diseño
del sistema de Formación Profesional para el Empleo, pero además este
papel minorado tendrán que compartirlo con otros agentes a los que el
Gobierno quiere incorporar también: no sólo Comunidades Autónomas y
empresas privadas, sino también organizaciones de autónomos y de la
Economía Social. El papel de sindicatos y patronales también se
recortará al limitar el rol de las Comisiones Paritarias Sectoriales,
integradas por ambos y que también recibían fondos para la formación.
Según el plan del Gobierno, su papel tendrá que ser eminentemente de
“consulta a la hora de fijar orientaciones y prioridades formativas”.

Más controles: buzón de denuncias

Haciéndose
eco de los escándalos que en los últimos meses han afectado a
sindicatos, patronales y empresas en lo tocante al manejo de fondos de
formación, el documento propone “potenciar las acciones de seguimiento y
control […] para combatir los casos de mala praxis”. En este terreno,
el texto enfatiza que más allá del control actual de “cumplimiento de
requisitos y formalidades”, se deberían evaluar “los resultados de la
formación: incidencia en términos de conocimientos, empleabilidad e
inserción de los trabajadores”. En este sentido proponen como punto de
partida las entrevistas que se hacen actualmente a alumnos y profesores
para ver lo útil que resulta esa formación.

Además de proponer
reforzar los controles y aumentar la capacidad sancionadora de los
servicios públicos de empleo, el documento incluye propuestas más
exóticas, como “un buzón de denuncias gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo”,
algo que -en opinión de los autores del texto- podría “aportar vías
ágiles para la transparencia y publicidad de estas situaciones[fraudulentas]”. El espíritu liberalizador del documento trasluce aquí
con mayor claridad, porque los autores parecen creer que medidas como
éstas pondrán de relieve qué empresas son mejores y cuáles peores, algo
que permitiría -dicen- “mejorar el conocimiento existente en el mercado,
para que aplique su propia penalización”.

El documento del
Gobierno incluye además un calendario bastante apremiante para negociar y
poner en marcha el nuevo sistema: “apertura de la mesa de negociación y
desarrollo de reuniones a lo largo del mes de marzo y hasta principios
de abril, presentación ante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales [es decir, ante las Comunidades Autónomas] en el mes de
abril, formalización del acuerdo a finales de abril y
presentación del contenido del acuerdo ante el Consejo General del
Sistema Nacional de Empleo en la primera quincena de mayo”.

A sindicatos y patronal no les gusta el texto

Preguntados en un acto público en el que participaban este jueves,
los Secretarios Generales de Comisiones Obreras y UGT han dejado claro
que no ven bien la orientación del documento del Gobierno, al que han calificado de “borrador”, y han dicho que esperan que cambie durante la negociación. Ignacio Fernández Toxo (CCOO) explicaba: “no entiendo que se hable de que las organizaciones sindicales y empresariales juegan un papel de ‘juez y parte’
[en el sistema actual], y al mismo tiempo se pretenda que las empresas
de formación pasen a jugar ese papel; resulta un tanto contradictorio”.
Por su parte, Cándido Méndez (UGT) cree que “la formación tiene que estar directamente vinculada a la negociación colectiva;
ahí está la clave, para vincular directamente la formación a las
necesidades del mercado laboral”. “Habría que darle la vuelta como un
calcetín al texto inicial”, resumía.

Fuentes de la patronal CEOE, por su parte, dicen que a ellos tampoco les convence
la propuesta del Gobierno. Insisten en su idea ya conocida: que las
empresas (que son las que aportan la mayoría de los recursos para la
formación, subrayan) son las que han de decidir cómo gastar esos fondos, “sin intermediarios”,
apostillan. En todo caso, la patronal también se muestra dispuesta a
cambiar el texto en la negociación, “que acaba de empezar”, enfatizan.

RAFA BERNARDO   06-03-2014 – 06:40 CET